Lo que ha de lograr la inocencia con la que entiende el gobierno las leyes económicas, requirió en 1973 de una conspiración de la derecha, con ayuda del Pentágono y 5 millones de dólares enviados desde Washington a Chile. El gobierno de Salvador Allende sufrió, en aquel entonces, de un paro de transportes diseñado para paralizar la economía, desacreditar el proyecto socialista y antagonizar a la sociedad. Hoy, con el ímpetu dogmático de contradecir las leyes de la oferta y la demanda, se pretende arremeter a cualquier precio contra el Decreto 21060, y toda industria que se cruce en el camino, incluyendo la precaria industria del transporte.
Como Alicia en el País de las Maravillas, o peor aun, Macondo, parece que las reglas dejarán de aplicarse a nuestro país, y rápidamente se abrirán mercados para nuestros productores mediante el antagonismo (y no así una optima gestión comercial), se evitará el fraude electoral confiando en que los muertos no salen a votar (y que los vivos son honestos), se integrará el país aprendiendo a hablar guaraní, se incrementará el nivel de vida revirtiendo el efecto multiplicador de la demanda agregada (mediante políticas de austeridad), se garantizará la seguridad jurídica violando la división de poderes, y se crearán empleos satanizando y arrinconando a quienes los pretenden crear.
Los transportistas tal vez no sean unos santos, y si generan ganancias, deben tributar. Sin embargo, un sector que - en algunas ocasiones apremiantes - debe vender su servicio a 2.5 centavos de Boliviano el kilómetro, mientras transitan en la red caminera más cara de América Latina, debe ser tratado con cautela, y no así satanizado porque unos cuantos han lucrado de él. No faltan villanos en esta historia, y parece ser que existen “familias” que han tenido éxito en su empresa de transporte a costa de cierta mezquindad. Espero que, como en el caso del bananero, no se pretenda castigar a todo un sector, por castigar a unos cuantos.
Para los que observan con atención los acontecimientos buscando una teoría de conspiración, o siquiera alguna coherencia en el accionar de gobierno, les tengo una hipótesis. Aquí no hay ninguna. Lo que hay es inocencia, como la del joven que simpáticamente comentaba en la televisión que, en épocas cuando se eleva la demanda - digamos Carnaval - el empleador, y dueño de los buses, es quien se beneficia con el precio más alto, y ahora que se van a fijar los precios, y revertir la libre fluctuación, “se está protegiendo los empleos”. Reitero que no entiendo como los transportistas compran repuestos, mantienen sus vehículos y capacitan a sus conductores en normas de seguridad, cobrando menos de la mitad de lo que cobran sectores similares en el resto de América Latina. Pero tampoco entiendo como, teniendo el nivel de sueldos más bajo del Continente, el gobierno se jacte de su gran éxito al reducirlo aún más. Corremos el peligro de una deflación espantosa, y de implosionar la economía. Sin embargo, en la economía hay una regla de la cual no podremos escapar, y es que los disparates se pagan en el largo plazo, mucho después que hayamos elegido a los asambleístas que coronen este experimento magistral.
Hay un sitio en el Internet – www.mercadolibre.com - en el que, según la propaganda, se venden incluso besos. Dudo que el próximo Carnaval encontremos quienes - con tal de hacerse de unos pesos, y librarnos de las colas que seguramente se formarán – tomen la iniciativa de vender boletos a Oruro en el ciberespacio a un precio mayor que el establecido. La buena noticia es que, de no darse un mercado paralelo, el gobierno habrá triunfado en un gesto más en contra del libre mercado; la mala noticia es que, con la actitud que se empieza a apoderar de nuestro entorno, ni siquiera los empleos de un mercado negro para boletos a Oruro vamos a poder crear.
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