Lamentables Juegos de la Mente

Lo lógica binaria debe, por diseño, ser draconiana cuando se aplica a las abstracciones de la mente. Sin embargo, en el mundo de las consecuencias humanas - que son concretas e inexorables – el obsesionarse con que la vida sea perfectamente simétrica y que exista absoluta certeza al definir relaciones de causa y efecto, puede tener consecuencias contrarias a nuestra mejor voluntad. Y aunque es cierto que “la ley es la ley”, también es cierto que hay que mantener cierta proporcionalidad en nuestros actos, hay que respetar el precepto legal de “debido proceso” que presupone inocencia, y hay que saber elegir nuestras batallas . No obstante, mientras sigue en vilo el tipo de Pacto Social que hemos de acordar todos los bolivianos, con un infantil afán de exclamar “pescotis”, la oposición descarga con furia su arsenal político para demostrar que en YPFB hubieron irregularidades administrativas al firmar un contrato con Iberoamérica Trading SRL.

Desplegando simétricos reflejos, el gobierno ahora se sacude de la arremetida contestando: “tu lo serás”. Y en lugar de entender las deficiencias del políticamente inexperto manejo de un informe que – lejos de ser un veredicto – simplemente señala “indicios” de responsabilidad administrativa, ahora se pretende sentar en el banquillo de acusados a la mismísima nacionalización, con las correspondientes amenazas de defenderla en la calle. De esta manera, se está politizando una investigación, se está malgastando capital político, y se están creando las condiciones para profundizar – esta vez posiblemente con manifestaciones perniciosas – la polarización de esta nación.

La democracia tiene como uno de sus objetivos precisamente fortalecer las instituciones que – representativamente – manejan los conflictos de la sociedad. Por otra parte, un Estado de Derecho debe garantizar que quienes actúen en representación del estado, lo hagan con probidad. Lo que pareciera se pretende – al hacer un ejemplo de Alvarado – es castigar antes de permitir siquiera se descarguen las pruebas, con el maquiavélico fin de atizar precisamente el conflicto social. Con su actitud papista e impulsividad desproporcionada, la oposición simplemente está haciendo evidente la inmadurez política que domina nuestro sistema democrático. Lo peor de todo es parece que estamos en manos de mocitos aprendices, en ambos lados de la valla.

En contraste a la lógica binaria, la lógica aymara va más allá del “si” (jisa) y el “no” (jani), del “verdadero” o “falso”, e incorpora una tercera posibilidad: inasa (capaz que si, capaz que no). Renato Aguirre explica, “Los opuestos pueden ser complementarios “por la buena” (yanani), como una pierna con la otra, o ser absolutamente irreconciliables (awqa), como el día y la noche. Los últimos se “complementan” turnándose (kuti) para evitar el enfrentamiento y mantener la armonía”. La lógica aymara tal vez no sea aplicable al imperativo legal de crear certeza en nuestra conducta, o al definir si hubo o no transparencia administrativa. Pero tal vez permita desarrollar una estrategia política cuyo objetivo vaya más allá de encontrarle tres pies al gato, y forjar así una estrategia que logre crear condiciones para institucionalizar conductas democráticas, no la menor de ellas la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

Tenemos en frente una verdadera disyuntiva, un verdadero reto político, y es acordar el carácter de la Asamblea Constituyente, y luego definir la nación que ha de surgir del proceso. Nuestro enfoque debería estar en el plato de fondo, pero en vez estamos peleándonos por las migajas morales que caen del panero. El espíritu de la ley es también lograr conductas que avancen el bien común, y no idolatrar procesos administrativos con el objetivo de manchar reputaciones, o restarle credibilidad a un proyecto. Pero en el mundo del bien y el mal, nos empecinamos en definir (esta vez lo “transparente”), sin prever que – al hacerlo – tal vez estemos creando excusas para reacciones emotivas, que luego puedan manifestarse precisamente en contra del crear condiciones para por fin instituir en Bolivia un verdadero Estado de Derecho, y un verdadero apego a la ley.