La estabilidad es prioridad para cualquier Estado, y debe mantenerse aun al precio de derramar sangre. Fue esa lógica la que llevó a Goni a dar – presuntamente – las órdenes para abrir fuego contra su pueblo, y polarizar así una sociedad ahora tanto sedienta de justicia, como de venganza. El hecho que la violencia haya sido mal utilizada, sin embargo, no debe ser un antecedente que elimine por siempre la posibilidad de ejercer su monopolio, debido a que un Estado sin esa prerrogativa es como un policía cuya autoridad es despreciada por andar desarmado.
El poder del Estado debe respetarse, debido a que representa – presuntamente – la voluntad de la sociedad, y como tal es superior al capricho personal, y debe ser defendido de la inclinación humana de abusar de la ley, o burlar el orden establecido. El orden consensuado por nuestro pueblo ahora es –presuntamente - la democracia, y es precisamente ese orden el que el gobierno se siente en la obligación de defender. Para hacerlo, sin embargo, estira la mano a un país vecino, debido a que presiente que por si solo, no lo podrá lograr.
En 1956 una protesta estudiantil puso en peligro al orden en Hungría. Un movimiento popular decidió acabar con el gobierno neo-estalinista, y tomó el poder a la fuerza, prometiendo llevar a cabo elecciones libres y democráticas. El 4 de noviembre, sin embargo, el ejercito soviético entró en Budapest, matando miles de civiles y restaurando el orden establecido. Durante más de treinta años la discusión pública de estos sucesos fue prohibida, y difícilmente podremos determinar si era menos del 47% de la población la que apoyó la revolución de 1956. Lo que sí podemos asegurar es que fue más fácil para las tropas soviéticas disparar contra el pueblo húngaro, debido a que estaban matando a extraños, y no así a sus propios hermanos.
La anterior aseveración no resuelve el por qué en Octubre negro algunos militares se sintieron en la necesidad de obedecer ordenes de disparar. Tal vez sintieron que cumplían con su obligación de defender el orden establecido, o tal vez simplemente no fueron capaces de superar el adoctrinamiento que los lleva a ciegamente obedecer. Tampoco resuelve el interrogante si – en representación del pueblo – una fracción de la población tenía el derecho de poner en peligro sus vidas y la de los demás. En un país donde las urnas, los bloqueos y el permanente chantaje político son mecanismos democráticos intercambiables, es un principio difícil de establecer. Además, hablar de principios a esta altura es pecar de una inocencia intolerable.
Lo que sí queda claro es que se pretende redefinir lo que quiere decir convivir en democracia, y sobre todo cómo se establecerá el nuevo orden, y cómo se lo habrá de proteger. El acuerdo militar firmado entre Venezuela y Bolivia parece tener una cláusula que permite la intervención de tropas venezolanas para defenderlo. Creo que el gobierno no solo está en su derecho de defender el orden – por muy arbitraria que sea su definición – sino que hace bien al evitar que sean bolivianos los que tengan que disparar nuevamente contra sus hermanos en caso que el día de mañana decidamos nuevamente no soportar las imposiciones de un mandatario endiosado en su poder, y que arbitrariamente pretende ignorar los derechos de una minoría de menos del 47%, que en principio son los mismos derechos de toda una nación.
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