Por Buena Voluntad o por Decreto

Publicado en La Prensa, 1 de febrero de 2006

No sé si me atrevo a suponer que - al igual que mi cuerpo tiene la última palabra cuando de las excelentes y bien intencionadas resoluciones de mi noble mente se tratan - serán los imperativos inmediatos de quienes asumen la administración del Estado los que en última instancia dictaminarán el éxito de la implementación de las medidas de austeridad. Porque si de voluntad se trata, yo ya juré el pasado primero de enero que el 2006, al llegar a casa, levantaré primero un libro antes que el control remoto de la televisión. Pero la piel es legendariamente débil, y la voluntad no siempre se traduce en acción.

Sería una descortesía con el Creador, sin embargo, atribuir a nuestra naturaleza humana la fragilidad de nuestros magnánimos cometidos, o impugnar con desdén el Supremo dictamen de “sobrevivir”. Los instintos, después de todo, juegan un papel importante en la lucha cotidiana. Pero no es lo mismo satisfacer la necesidad social del “otro” prendiendo la televisión, que justificar con un sofismo elaborado (cómo lo hicieron algunos gobiernos anteriores) robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Son dos tipos diferentes de “supervivencia”, y me recuerda la pugna ideológica que existe entre el capitalismo y el socialismo sobre la concepción de nuestra naturaleza humana: para unos esencialmente egoísta, para otros fundamentalmente solidaria. Entonces, tampoco es lo mismo suponer que, “por altruismo” y deber patriótico, los servidores públicos han de aceptar que le metan la mano al bolsillo, que asumir que los incentivos y sanciones son los que - a la hora de los hechos - determinan la excelencia y la honestidad.

Cuando los sueldos en el sector público apenas alcanzan, el funcionario se encuentra en la encrucijada de satisfacer “como puede” las necesidades de la familia, o servir abnegadamente y con gran vocación al conjunto de individuos que conforman la nación. No se trata de izquierda vs. derecha (a menos que se refieran a los hemisferios del cerebro), sino de instinto vs. conciencia, de incentivos vs. una abstracta noción de “el deber”. A mi entender, el predicamento de los instintos se resuelve en el ámbito social, donde las leyes y cultura encaminan el bien común. La conciencia es tal vez un resultado directo, pero atañe al individuo, y en esa esfera prima la libertad, derecho indiscutiblemente humano.

A mí me pone nervioso cuando los políticos suponen que pueden implementar una gran ingeniería social – por muy bien intencionada que sea – y lograr imponer por decreto sus resoluciones navideñas. Todos estamos hartos de la corrupción, y yo también estaré tentado a aplaudir cuando – ante el primer funcionario atrapado con las manos en la masa - se adopten medidas draconianas dignas de un sultán. Pero no creo que solo se deba tratar de actos simbólicos que derivarán necesariamente en “crimen y castigo”, sino de elevar el nivel de vida de los bolivianos, indudablemente avanzando leyes anti-corrupción, pero también al lograr eficiencia en la administración pública, incentivando la productividad y las inversiones, y garantizando la seguridad jurídica y la libertad. Insisto, sin embargo, que no me atrevo a suponer que con la política de austeridad (en cuanto a sueldos se refiere) se estaría incentivando la corrupción e ineficiencia, sobre todo porque yo también quiero creer que hemos súbita y mágicamente cambiado. Después de todo si algo hemos de tener en este país será la gran voluntad de servicio a la cabeza y la esperanza que los nuevos líderes – el cuerpo de la administración - respondan a la conciencia colectiva, y no así al imperativo de la supervivencia individual.