El Gobierno no es culpable del incendio-pseudo-planificado más grande del mundo. El uso del fuego como herramienta agrícola se remonta al principio de la civilización. A lo largo de su depredadora historia, el ser humano ha tratado al planeta como un objeto que debe someterse a su voluntad. El Gobierno entiende, pero no defiende, el uso del fuego para mantener encendida la mala costumbre de tratar a la Madre Naturaleza como un bien público. En “La Tragedia de los Comunes” nos advierte Hardin: “Aquello que pertenece a todos, pertenece a nadie”.
En la suma de locos, más voluntades individuales = mejores bienes colectivos. Su lógica: “Si todos amamos a la Pacha Mama – que es de todos y de nadie – todos nos sacrificaremos por ella”. La lógica es una buena historia de amor, que gana devotos. En la realidad, la amada sale más de una vez con moretes y un ojo verde, consecuencia de una pasión desenfrenada. La mayoría actúa según la probabilidad de beneficio/castigo que gobierna una sociedad. Existen excepciones. Pero la mayoría responde a incentivos/desincentivos, sea un cerdo de Wall Street que abusa del mercado o un campesino que deshierba sin romper su extenuada espalda. Aristóteles decía: “Aquello que es común al mayor número, recibe el menor cuidado”.
En medio del humo de su creación, un chaqueador se queja: “¿Me ignoran, pero ahora me piden que trabaje más por su salud, vuelos aéreos y batalla contra el calentamiento global?”. Las opciones del chaqueador son no trabajar mucho y abusar de un bien común, o invertir mucho más tiempo, dinero y esfuerzo en su cosecha. ¿Cuál elegiría usted? Si el castigo por incendiar la Pacha Mama es 20 centavos de dólar por hectárea quemada, entonces las grandes mayorías preferirán invertir en un buen encendedor y quemar el camino a un mínimo esfuerzo.
¿Blasfemia capitalista? Ignorar que es muy común que el ser humano actúe dentro de los límites de la racionalidad individual tal vez sea muy popular, pero es también muy ignorante. Incluso un niño entiende que el otro ha de responder racionalmente, y que su sonoro berrinche no ha de siempre funcionar. Esa lógica fue aplicada en Potosí, donde supusieron que la población respondería racionalmente ante el hambre y presionaría a los traidorcitos a desistir sus medidas de presión. Pero una razón individual puede parecer irracional al grupo; y viceversa.
La racionalidad del individuo (menos esfuerzo) es irracional para el conjunto (mayor contaminación). Pero la irracionalidad del conjunto (pasar hambre) puede ser racional para el individuo (defender su herencia y dignidad). El equilibrio ente la racionalidad del individuo y del conjunto requiere de más que ingeniería social. Por ejemplo, el incendio-planificado debería incrementar nuestra consciencia ecológica. Las consecuencias son nefastas y afectan a todos por igual. Entonces, ¿por qué no son más “patriotas” los chaqueadores? ¡Porque queman un bien que, al ser de todos, es de nadie!
Moraleja: Que casi todo sea un bien en común no avanza siempre el bien común. Otra: Con zanahorias y garrotes se avanza el bien de todos. Pero si el ímpetu es poco a poco expropiar todo foco económico para crear un bien público, bien grande, más grande también tendrá que ser el garrote usado para garantizar su buen uso, una buena costumbre por lo general individual. Con ayuda de satélite pueden capturar los focos culpables de incendios criminales. Si a falta de incentivos económicos, solo queda imponer la ley, tal vez conviene vender nuestro lujoso Falcón para construir muchos focos de detención.
miércoles, 25 de agosto de 2010
miércoles, 18 de agosto de 2010
De Cascarón a Huevo
En la derecha los pollitos dicen “pio, pio, pio” y comérselos te hace gay. ¿Y el huevo? En su ovalado refugio, el embrión ambiciona con transformarse en polluelo eterno. Dependiente de viscosos nutrientes, luego emergerá un pájaro capaz de alimentarse a picotazos. Aunque son el mismo, existe una diferencia: el huevo es posibilidad de ser, el ave es. Muchos proyectos de una sociedad son como el huevo: tan solo un ideal. Los campesinos podrían enseñarnos a esperar que salgan del cascarón, antes de contar nuestras gallinas.
Según la lógica lineal, toda relación causa-efecto es predecible. Bajo este raciocinio, arremeter contra el contrabando resultará en miles de millones de dólares para las arcas del Estado. ¿De dónde suponen los racionalistas ha de provenir ese dinerito adicional? Proviene de un pueblo que es indoctrinado a resignarse a “vivir bien”. ¿Bien qué? Si deja de comprar lujitos, los miles de millones de dólares jamás ingresarán al Tesoro General. Otra opción es impulsar una economía moderna y productiva, capaz de generar empleos que mejoren nuestra capacidad de aportar en impuestos los “miles de millones” que apetecen los de arriba.
De regreso a la granja: Gobierno y empresa privada, ¿nuevos aliados? A excepción de aduaneros, los empresarios fueron quienes más celebraron la nueva Ley de Aduanas. Si el modelo a seguir es el cubano-venezolano, su alegría puede ser poco duradera. En teoría, en el modelo comunista el Estado acaba confiscando casi toda empresa privada y asume el control total de la economía. Si acaso existe un beneficio de cerrar fronteras, en teoría ese beneficio debe ser para los que controlan todo nuestro poder: político, legal y económico. En teoría todo es posible. En realidad, no todo polluelo sale vivo del cascarón.
Entre las dualidades legales de una línea blanca que entra impunemente y una línea blanca que exportamos a naciones industrializadas, existe otra línea blanca que los potosinos han rayado en su rico salar. Los “miles de millones” de lingotes de plata que subvencionaron la economía mundial entre los siglos XVII y XVII son una deuda moral imprescriptible. En consecuencia, los potosinos no están dispuestos a nuevamente subvencionar - esta vez con su litio - la matriz energética del siglo XXI. Por ende, en el bastión andino del “vivir bien” (¿bien qué?), debería darse un debate sobre alcances y resultados de diferentes modelos de desarrollo e inversión. ¿O es que hay que condicionar también ese debate?
Potosí debe convertir su potencialidad en actualidad, o contentarse con vivir “bien sentados” sobre una de las reservas más importantes de energía. En su acuerdo con el Gobierno tal vez se especifique “cómo” se piensa atraer al departamento la inversión necesaria. No lo sabemos. Probablemente existe solamente el beneficio de la duda, una renovada fe en la capacidad del Gobierno de cumplir promesas, incluso cuando los inversionistas ven que nuestro modelo económico es un tanto esquizofrénico.
Antes de perder una monedita por culpa de “traidorcitos” en Potosí, se fueron al norte, al Amazonas, en búsqueda de otras cabezas, distrayéndose del propósito de atraer inversiones. Curioso que fue en el desértico sur donde se despertó un pueblo cansado de ser la amante ultrajada. Tanta teoría, se olvidaron de un “sur” cansado de tener que cascarle un huevo para apenas subsistir. Resulta que el huevo no es solamente la yema en el centro; es periferia también. Y para acabar con la pobreza necesitamos incubar las mejores ideas. ¿O es que el huevo le teme al cascarón?
Según la lógica lineal, toda relación causa-efecto es predecible. Bajo este raciocinio, arremeter contra el contrabando resultará en miles de millones de dólares para las arcas del Estado. ¿De dónde suponen los racionalistas ha de provenir ese dinerito adicional? Proviene de un pueblo que es indoctrinado a resignarse a “vivir bien”. ¿Bien qué? Si deja de comprar lujitos, los miles de millones de dólares jamás ingresarán al Tesoro General. Otra opción es impulsar una economía moderna y productiva, capaz de generar empleos que mejoren nuestra capacidad de aportar en impuestos los “miles de millones” que apetecen los de arriba.
De regreso a la granja: Gobierno y empresa privada, ¿nuevos aliados? A excepción de aduaneros, los empresarios fueron quienes más celebraron la nueva Ley de Aduanas. Si el modelo a seguir es el cubano-venezolano, su alegría puede ser poco duradera. En teoría, en el modelo comunista el Estado acaba confiscando casi toda empresa privada y asume el control total de la economía. Si acaso existe un beneficio de cerrar fronteras, en teoría ese beneficio debe ser para los que controlan todo nuestro poder: político, legal y económico. En teoría todo es posible. En realidad, no todo polluelo sale vivo del cascarón.
Entre las dualidades legales de una línea blanca que entra impunemente y una línea blanca que exportamos a naciones industrializadas, existe otra línea blanca que los potosinos han rayado en su rico salar. Los “miles de millones” de lingotes de plata que subvencionaron la economía mundial entre los siglos XVII y XVII son una deuda moral imprescriptible. En consecuencia, los potosinos no están dispuestos a nuevamente subvencionar - esta vez con su litio - la matriz energética del siglo XXI. Por ende, en el bastión andino del “vivir bien” (¿bien qué?), debería darse un debate sobre alcances y resultados de diferentes modelos de desarrollo e inversión. ¿O es que hay que condicionar también ese debate?
Potosí debe convertir su potencialidad en actualidad, o contentarse con vivir “bien sentados” sobre una de las reservas más importantes de energía. En su acuerdo con el Gobierno tal vez se especifique “cómo” se piensa atraer al departamento la inversión necesaria. No lo sabemos. Probablemente existe solamente el beneficio de la duda, una renovada fe en la capacidad del Gobierno de cumplir promesas, incluso cuando los inversionistas ven que nuestro modelo económico es un tanto esquizofrénico.
Antes de perder una monedita por culpa de “traidorcitos” en Potosí, se fueron al norte, al Amazonas, en búsqueda de otras cabezas, distrayéndose del propósito de atraer inversiones. Curioso que fue en el desértico sur donde se despertó un pueblo cansado de ser la amante ultrajada. Tanta teoría, se olvidaron de un “sur” cansado de tener que cascarle un huevo para apenas subsistir. Resulta que el huevo no es solamente la yema en el centro; es periferia también. Y para acabar con la pobreza necesitamos incubar las mejores ideas. ¿O es que el huevo le teme al cascarón?
viernes, 13 de agosto de 2010
Semejantes ... en el Poder
Incrédulo, perplejo, casi estupefacto, un dirigente de Caranavi se lamentaba: “Pensábamos que el poder absoluto era para ayudar a los movimientos sociales”. En vez de solo lamentarnos, pongamos las cosas en perspectiva: En el siglo XI la Iglesia Católica tenía el poder absoluto. ¿Qué supone usted fue la consecuencia de conferir al Representante de Dios potestades semejantes? Para muestra ancestral de “reserva moral de la humanidad”, podemos revisar la historia del Papa Benedicto IX. Si ni siquiera el mandato de encarnar al Creador y plasmar la gracia de Cristo pudo evitar su brutal arrogancia, ¿qué cree usted harían con un poder absoluto meros mortales cuyo mandato es destruir, entre otros, al capitalismo?
Hablar de la naturaleza humana ante fieles devotos de la ingeniería social es cometer un sacrilegio. Mejor hablo de la mía. Si la integridad física, material o moral de los míos dependiese de los caprichos de un poder absoluto, mis rodillas vivirían ensangrentadas. Mi disposición de someterme ante un implacable déspota está en buena compañía: la complicidad del pueblo alemán en el asesinato sistemático de millones de ancianos, mujeres y niños. De haber sido ciudadano alemán bajo el Gobierno de Hitler, seguramente hubiese sido cómplice del Holocausto. No tengo vocación de héroe, ni mártir.
Si acaso mi admitida mediocridad moral es la excepción entre ustedes, muchos más nobles mortales, mayor entonces mi fe en la naturaleza humana. En algo hay que creer. Para los alarmaditos, o fácilmente perturbados, permítanme ser claro: no se pretende aquí comparar a la Iglesia Católica con el Gobierno nazi; mucho menos a éste último con un Gobierno que dice despreciar toda dictadura, enarbola en teoría los derechos humanos y aun no me propina una pateadura por escribir estupideces. Lo que se intenta hacer es rescatar una verdad ancestral que reza: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Nietzsche se lamentaba también, “Humano, tan humano”.
Mis comentarios parecerían los de un nihilista despojado de esperanza alguna en el ser humano y su corrupta sociedad. No es así. Como dije arriba, admiro la naturaleza humana; con todo y sus fragilidades, narcisismos y apetitos incontrolables. El ser humano ha creado instituciones que hoy permiten organizar civilizadamente a individuos que sostienen una variedad de valores e ideas contrastantes. Gradualmente superamos un pasado salvaje, de guerras cotidianas, esclavitud y sometimiento; en evidente manifestación de una consciencia superior e ímpetu de cooperación que permea toda la naturaleza. Si acaso existe un factor común en la Creación, es el potencial-hecho-realidad del trabajo en equipo. Tan solo en nuestro cuerpo existen unas 10,000 diferentes formas de vida que conviven en armonía.
En el cuerpo humano, ninguna de las varias formas de vida pretende controlar y someter a las demás. Una de las virtudes de la democracia es la división del poder; en pesos y contrapesos que permiten ponerle freno a un poder absoluto que tiende a corromper al individuo. Pero bajo la excusa de “grandes mayorías”, esa virtud ha sido devaluada por quienes pretenden forjar una Bolivia a su antojo y semejanza. Celebro su confundido idealismo. El apetito del control total, sin embargo, nos trepa fácilmente a la cabeza, logrando a veces que lo único que seamos capaces de ver sea en todas partes una conspiración. Nuestra piel es trémula, proclive a la arrogancia. El hecho que somos todos semejantes debería poner en perspectiva los peligros de conferir a meros mortales todo nuestro poder.
Hablar de la naturaleza humana ante fieles devotos de la ingeniería social es cometer un sacrilegio. Mejor hablo de la mía. Si la integridad física, material o moral de los míos dependiese de los caprichos de un poder absoluto, mis rodillas vivirían ensangrentadas. Mi disposición de someterme ante un implacable déspota está en buena compañía: la complicidad del pueblo alemán en el asesinato sistemático de millones de ancianos, mujeres y niños. De haber sido ciudadano alemán bajo el Gobierno de Hitler, seguramente hubiese sido cómplice del Holocausto. No tengo vocación de héroe, ni mártir.
Si acaso mi admitida mediocridad moral es la excepción entre ustedes, muchos más nobles mortales, mayor entonces mi fe en la naturaleza humana. En algo hay que creer. Para los alarmaditos, o fácilmente perturbados, permítanme ser claro: no se pretende aquí comparar a la Iglesia Católica con el Gobierno nazi; mucho menos a éste último con un Gobierno que dice despreciar toda dictadura, enarbola en teoría los derechos humanos y aun no me propina una pateadura por escribir estupideces. Lo que se intenta hacer es rescatar una verdad ancestral que reza: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Nietzsche se lamentaba también, “Humano, tan humano”.
Mis comentarios parecerían los de un nihilista despojado de esperanza alguna en el ser humano y su corrupta sociedad. No es así. Como dije arriba, admiro la naturaleza humana; con todo y sus fragilidades, narcisismos y apetitos incontrolables. El ser humano ha creado instituciones que hoy permiten organizar civilizadamente a individuos que sostienen una variedad de valores e ideas contrastantes. Gradualmente superamos un pasado salvaje, de guerras cotidianas, esclavitud y sometimiento; en evidente manifestación de una consciencia superior e ímpetu de cooperación que permea toda la naturaleza. Si acaso existe un factor común en la Creación, es el potencial-hecho-realidad del trabajo en equipo. Tan solo en nuestro cuerpo existen unas 10,000 diferentes formas de vida que conviven en armonía.
En el cuerpo humano, ninguna de las varias formas de vida pretende controlar y someter a las demás. Una de las virtudes de la democracia es la división del poder; en pesos y contrapesos que permiten ponerle freno a un poder absoluto que tiende a corromper al individuo. Pero bajo la excusa de “grandes mayorías”, esa virtud ha sido devaluada por quienes pretenden forjar una Bolivia a su antojo y semejanza. Celebro su confundido idealismo. El apetito del control total, sin embargo, nos trepa fácilmente a la cabeza, logrando a veces que lo único que seamos capaces de ver sea en todas partes una conspiración. Nuestra piel es trémula, proclive a la arrogancia. El hecho que somos todos semejantes debería poner en perspectiva los peligros de conferir a meros mortales todo nuestro poder.
miércoles, 11 de agosto de 2010
Libres del Comercio
Porosas y desguarnecidas, las fronteras bolivianas ofrecen tránsito seguro para toda índole de mercancías, que salen e ingresan con un alto grado de libertad. Sin la necesidad de un tratado de libre comercio, se interna la última generación de electrónicos, brindando a ávidos consumidores fascinación audio-visual. La informalidad del comercio tal vez sea una subvención para el bolsillo de algunos sectores sociales; pero el de facto “arancel-cero” es también un desfalco hormiga de las arcas del Tesoro General. La evasión de impuestos en Bolivia es tan común que nos cuesta creer que en otras latitudes tal desliz es castigado con años de cárcel.
Consistente con el propósito de defender los intereses del Estado por encima de la economía individual, el Gobierno se propone utilizar su dilapidado capital político en imponer leyes draconianas que corten de raíz la cabeza al contrabando. El principio es sano: aportar al bien común pagando impuestos debe ser un deber cívico por encima casi de todos los demás. En la práctica, la burocracia suele interponerse a las mejores intenciones. Como reza el dicho, el demonio se esconde detrás de los detalles. Un desordenado agente aduanal que extravía su sueldo una noche de copas podría perder la compostura, agregando costos de transacción; entorpeciendo actividades comerciales.
En nombre de eliminar los peces gordos del contrabando, que obtienen un beneficio anual calculado en más de 1,500 millones de dólares, se puede acabar lastimando a los pequeños comerciantes que obtienen un magro margen por su delictiva complicidad. Se repite de esta manera una común desavenencia entre la mejor voluntad y consecuencias no intencionadas. El querer fomentar mayor justicia social destruyendo las fortunas de unos cuantos poderosos puede desarticular partes de la economía. Y si bien es cierto que las fortunas personales deben ser bien habidas, esa premisa no garantiza que las medidas que un Gobierno puede tomar hacia ese objetivo no acaben lastimando al pueblo al que se pretende beneficiar.
Otra asimetría no intencionada es entre la confiscación de camiones que traen contrabando y comerciantes que se dan el lujo de quemar su propia avioneta, una vez ésta ha cumplido su envío a otros mercados. Es decir, productos que entren al país serán sujetos al máximo rigor de la ley; mientras que nuestro más preciado bien de exportación (por encima de garrafas de gas subvencionado) seguirá bajo un régimen de relativa impunidad. Las arcas del Tesoro General serán beneficiadas por impuestos ocasionados por bienes que entran; y del efecto multiplicador de una producción que sale al exterior.
Gobernar bien implica tener la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población. Si el precio que albañiles, agricultores y obreros satisfagan las necesidades básicas de su familia es que asalariados de cuello blanco paguen más por su televisión plana, entonces el Gobierno habrá obrado correctamente. Las asimetrías forman parte del equilibrio necesario y - en la práctica - no se puede satisfacer a todos por igual. Pero por buena la voluntad, no será tan fácil acabar de la noche a la mañana con una economía informal que se ha enquistado en los bolsillos de muchísimas familias, incluyendo la de algunos aduaneros.
A los ingresos adicionales por concepto de aranceles ahora se suman 500 millones de dólares del Banco Mundial y un nuevo mega-pozo de gas, una inyección de capital que podría crear un efecto multiplicador adicional, impulsando la economía del Estado. De ser así, eliminar la subvención actual a bienes de lujo ilícitamente importados, únicamente afectará la economía de unos cuantos sectores vividores. De esta manera, avanzaremos en la promesa de una Bolivia que “vive bien…”; libre de banales consumismos y designios del intercambio comercial, subvencionando únicamente bienes esenciales y fieles al espíritu de la confiscación. Y si acaso participamos del mercado, que sea en calidad de un país netamente exportador.
Consistente con el propósito de defender los intereses del Estado por encima de la economía individual, el Gobierno se propone utilizar su dilapidado capital político en imponer leyes draconianas que corten de raíz la cabeza al contrabando. El principio es sano: aportar al bien común pagando impuestos debe ser un deber cívico por encima casi de todos los demás. En la práctica, la burocracia suele interponerse a las mejores intenciones. Como reza el dicho, el demonio se esconde detrás de los detalles. Un desordenado agente aduanal que extravía su sueldo una noche de copas podría perder la compostura, agregando costos de transacción; entorpeciendo actividades comerciales.
En nombre de eliminar los peces gordos del contrabando, que obtienen un beneficio anual calculado en más de 1,500 millones de dólares, se puede acabar lastimando a los pequeños comerciantes que obtienen un magro margen por su delictiva complicidad. Se repite de esta manera una común desavenencia entre la mejor voluntad y consecuencias no intencionadas. El querer fomentar mayor justicia social destruyendo las fortunas de unos cuantos poderosos puede desarticular partes de la economía. Y si bien es cierto que las fortunas personales deben ser bien habidas, esa premisa no garantiza que las medidas que un Gobierno puede tomar hacia ese objetivo no acaben lastimando al pueblo al que se pretende beneficiar.
Otra asimetría no intencionada es entre la confiscación de camiones que traen contrabando y comerciantes que se dan el lujo de quemar su propia avioneta, una vez ésta ha cumplido su envío a otros mercados. Es decir, productos que entren al país serán sujetos al máximo rigor de la ley; mientras que nuestro más preciado bien de exportación (por encima de garrafas de gas subvencionado) seguirá bajo un régimen de relativa impunidad. Las arcas del Tesoro General serán beneficiadas por impuestos ocasionados por bienes que entran; y del efecto multiplicador de una producción que sale al exterior.
Gobernar bien implica tener la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población. Si el precio que albañiles, agricultores y obreros satisfagan las necesidades básicas de su familia es que asalariados de cuello blanco paguen más por su televisión plana, entonces el Gobierno habrá obrado correctamente. Las asimetrías forman parte del equilibrio necesario y - en la práctica - no se puede satisfacer a todos por igual. Pero por buena la voluntad, no será tan fácil acabar de la noche a la mañana con una economía informal que se ha enquistado en los bolsillos de muchísimas familias, incluyendo la de algunos aduaneros.
A los ingresos adicionales por concepto de aranceles ahora se suman 500 millones de dólares del Banco Mundial y un nuevo mega-pozo de gas, una inyección de capital que podría crear un efecto multiplicador adicional, impulsando la economía del Estado. De ser así, eliminar la subvención actual a bienes de lujo ilícitamente importados, únicamente afectará la economía de unos cuantos sectores vividores. De esta manera, avanzaremos en la promesa de una Bolivia que “vive bien…”; libre de banales consumismos y designios del intercambio comercial, subvencionando únicamente bienes esenciales y fieles al espíritu de la confiscación. Y si acaso participamos del mercado, que sea en calidad de un país netamente exportador.
lunes, 9 de agosto de 2010
Ejercer con Precisión
Un gremio debe capacitar a sus iniciados para que ejerzan su oficio con el mayor grado de precisión. Son “profesionales” porque evitan lastimar a quienes, con su arte, intentan brindar un beneficio. Un cirujano inserta el bisturí en la cavidad precisa porque conoce el cuerpo humano. Un ingeniero evita que colapse el puente, porque calcula con precisión su distribución de cargas. Si un abogado no entiende la ley, su ignorancia puede ocasionar una injusticia. Por último, nuestra Constitución especifica que un soldado profesional evita lastimar al pueblo manteniéndose imparcial en asuntos políticos que -por definición- representan intereses sectoriales.
En 1933, el gobierno de Hitler hundió al Bundestag en llamas para justificar la militarización de su nación. El 11 de septiembre de 2001, una excusa parecida fue utilizada por neoconservadores poseídos por la misión divina de desatar una Guerra Santa para salvarnos del fundamentalismo terrorista. Exiliado por Banzer y García Meza, sufrí en carne propia los azares de una doctrina militar interpretada caprichosamente para proteger ideologías sectoriales e intereses de grupitos de poder. Deportado a Chile, también fui testigo de cómo Pinochet intentó justificar su misión militar bajo el argumento de “mantener la paz y el orden”. La imposición a través del poder militar de una versión fundamentalista propia es – en estos casos -un infame factor común.
Al igual que en el gremio de cirujanos, ingenieros y abogados; militares que operan correctamente hacen mucho bien a la nación. Pero un ejercicio impreciso de su arte puede traer dolor, injusticia y luto. Mayor entonces la necesidad que la doctrina militar especifique con precisión sus funciones, competencias y áreas donde puede ejercer su poder idóneamente. En una democracia, por ejemplo, el ejército no puede patrullar las calles, debido que esa es competencia exclusiva de la policía. Únicamente bajo circunstancias tipificadas por la ley, como ser un desastre natural o invasión extranjera, pueden militares incursionar entre civiles, para subsanar una emergencia.
Cuando se le pidió defender la revolución popular de 1971 entregando fusiles a los movimientos sociales, el Presidente Juan José Torres contestó: “Fusil en manos de un civil es para matar soldados”. El monopolio de la violencia en manos del Estado no es un capricho “fascista”; es un consenso universal que estipula que el uso de armas de guerra no puede ser competencia de grupos sectoriales. Las FF.AA. y Policía Nacional brindan formación profesional, para que sus iniciados utilicen de manera imparcial y mesurada la prerrogativa de usar violencia, bajo normas estrictas que protegen la vida y las leyes de la nación. Ahora movimientos sociales son adoctrinados en el arte de disparar para matar. ¿A quién?
¿Dónde se inscribe una para formar parte de estas fuerzas “civiles”? ¿Puede cualquier ciudadano “trabajar junto” al ejército; o es este un ejercicio reservado para aliados del MAS? Cholitas haciendo abdominales, disparando fusiles de alto calibre, no preocupan mucho. El problema sería que, bajo la sombra de un enemigo abstracto con el que se aterroriza al pueblo, otras fuerzas irregulares - fuera de control o de origen extranjero - se sientan justificadas para imitar en suelo boliviano tan inocente milicia. Ojalá que el proyecto no pase de un geriátrico “servicio militar”; y que un verde-dólar de viscoso- negro-origen no seduzca a ningún diestro del gremio ignorar doctrinas y la propia Constitución, ejerciendo así con precisión la más antigua de todas las profesiones.
En 1933, el gobierno de Hitler hundió al Bundestag en llamas para justificar la militarización de su nación. El 11 de septiembre de 2001, una excusa parecida fue utilizada por neoconservadores poseídos por la misión divina de desatar una Guerra Santa para salvarnos del fundamentalismo terrorista. Exiliado por Banzer y García Meza, sufrí en carne propia los azares de una doctrina militar interpretada caprichosamente para proteger ideologías sectoriales e intereses de grupitos de poder. Deportado a Chile, también fui testigo de cómo Pinochet intentó justificar su misión militar bajo el argumento de “mantener la paz y el orden”. La imposición a través del poder militar de una versión fundamentalista propia es – en estos casos -un infame factor común.
Al igual que en el gremio de cirujanos, ingenieros y abogados; militares que operan correctamente hacen mucho bien a la nación. Pero un ejercicio impreciso de su arte puede traer dolor, injusticia y luto. Mayor entonces la necesidad que la doctrina militar especifique con precisión sus funciones, competencias y áreas donde puede ejercer su poder idóneamente. En una democracia, por ejemplo, el ejército no puede patrullar las calles, debido que esa es competencia exclusiva de la policía. Únicamente bajo circunstancias tipificadas por la ley, como ser un desastre natural o invasión extranjera, pueden militares incursionar entre civiles, para subsanar una emergencia.
Cuando se le pidió defender la revolución popular de 1971 entregando fusiles a los movimientos sociales, el Presidente Juan José Torres contestó: “Fusil en manos de un civil es para matar soldados”. El monopolio de la violencia en manos del Estado no es un capricho “fascista”; es un consenso universal que estipula que el uso de armas de guerra no puede ser competencia de grupos sectoriales. Las FF.AA. y Policía Nacional brindan formación profesional, para que sus iniciados utilicen de manera imparcial y mesurada la prerrogativa de usar violencia, bajo normas estrictas que protegen la vida y las leyes de la nación. Ahora movimientos sociales son adoctrinados en el arte de disparar para matar. ¿A quién?
¿Dónde se inscribe una para formar parte de estas fuerzas “civiles”? ¿Puede cualquier ciudadano “trabajar junto” al ejército; o es este un ejercicio reservado para aliados del MAS? Cholitas haciendo abdominales, disparando fusiles de alto calibre, no preocupan mucho. El problema sería que, bajo la sombra de un enemigo abstracto con el que se aterroriza al pueblo, otras fuerzas irregulares - fuera de control o de origen extranjero - se sientan justificadas para imitar en suelo boliviano tan inocente milicia. Ojalá que el proyecto no pase de un geriátrico “servicio militar”; y que un verde-dólar de viscoso- negro-origen no seduzca a ningún diestro del gremio ignorar doctrinas y la propia Constitución, ejerciendo así con precisión la más antigua de todas las profesiones.
martes, 3 de agosto de 2010
Beneplácito de Washington
Como parte de una república federal constitucional, los estados que conforman los EE.UU. gozan de poderes concurrentes y de un gobierno independiente, que incluye legislaturas y cortes supremas propias. En caso de un conflicto entre leyes estatales y nacionales, tienen la primacía las leyes del gobierno nacional. Debido a su dogmático aferramiento a la desregularización y libre movimiento de bienes y servicios, olvidamos que en el “país de la libertad”, el gobierno central se impuso con mano férrea sobre los estados del sur, al costo de una guerra civil con más de medio millón de muertos. Muy atrás ha quedado la gestión de Abraham Lincoln y su épica voluntad de erradicar a la fuerza la esclavitud de la Unión norteamericana. En una casi lúdica voltereta del destino, le corresponde ahora al primer Presidente afroamericano ayudar a repeler legalmente una ley promulgada soberanamente por el estado de Arizona, debido a que contraviene preceptos constitucionales de la nación que prohíbe imponer normas racistas, por mucho que sean las grandes mayorías las que libremente deciden imponer su voluntad.
El narcotráfico de México a EE.UU. está en su máximo apogeo. Pero la mayoría de los que cruzan esa frontera es gente muy trabajadora y de bien. No obstante, bajo el excelente argumento que los millones de latinos ilegales subvencionan a la economía norteamericana con su mano de obra barata, efecto multiplicador de sus esfuerzos empresariales y pago de impuestos, se pretende que EE.UU. se vea obligado a aceptar la permanente violación de sus leyes migratorias y fronteras, una situación que México y Bolivia jamás aceptarían. Pero ese no es el punto. El punto es que, en nombre de defender la ley, una nación que se digne de mínima moral no puede vulnerar derechos civiles básicos, especialmente si dicha violación se basa en la condición étnica del individuo.
Una de las resoluciones de la ley de Arizona SB1070 era que cualquier ciudadano detenido bajo la “sospecha” de estar involucrado en una acción ilegal - que pudiese ser algo tan silvestre como pasarse una luz roja - podía ser obligado a demostrar si reside legalmente en EE.UU. En una brillante elocución, el Presidente Obama puso las cosas en perspectiva. La preocupación de Obama es que un ciudadano norteamericano de origen latino, cuya familia habita los hirvientes suelos de Arizona desde antes que los norteamericanos los usurpen de México, se vea sometido al acoso policial simplemente por el color de su piel.
En un histórico dictamen, la juez federal Susan Bolton suspendió partes de la ley SB1070 que pretendían legalizar el acoso racial, declarando algunos de sus elementos anti-constitucionales. No obstante, una porción de la ley ha sido sostenida: si una persona es formalmente acusada de un crimen y arrestada, es legal pedirle sus documentos migratorios, no pudiendo ser liberada hasta que compruebe su estatus migratorio. A su vez, Bolton dejó en pie la cláusula que convierte en delito de menor cuantía el dar albergue y transporte a los indocumentados. Los paralelos con la situación y delicada relación entre Gobierno central y departamental en Bolivia quedan para ser pintados con el color que cada quien le imprime a la realidad, según su propio prejuicio.
Nuestra constitución, lejos de ser daltónica, mira a través del color particular del ciudadano, un matiz que confiere derechos especiales en función a su identidad cultural. Al igual que en Arizona, la persecución por dar “albergue” a terroristas ilegales aquí también ha sido furiosamente desatada. Por último, ser acusado formalmente de un crimen aquí no es solamente justificativo para pedirle al imputado su pasaporte, sino para destituirlo de un cargo democráticamente electo, como se intenta hacer en Potosí. Interesante observar como armonizar normas nacionales y regionales es un reto tanto para la plaza Murillo, como para Washington. Las sensibilidades de ambos consensos, sin embargo, son muy diferentes, aun cuando en la superficie la imposición del gobierno nacional pareciera ser igual.
El narcotráfico de México a EE.UU. está en su máximo apogeo. Pero la mayoría de los que cruzan esa frontera es gente muy trabajadora y de bien. No obstante, bajo el excelente argumento que los millones de latinos ilegales subvencionan a la economía norteamericana con su mano de obra barata, efecto multiplicador de sus esfuerzos empresariales y pago de impuestos, se pretende que EE.UU. se vea obligado a aceptar la permanente violación de sus leyes migratorias y fronteras, una situación que México y Bolivia jamás aceptarían. Pero ese no es el punto. El punto es que, en nombre de defender la ley, una nación que se digne de mínima moral no puede vulnerar derechos civiles básicos, especialmente si dicha violación se basa en la condición étnica del individuo.
Una de las resoluciones de la ley de Arizona SB1070 era que cualquier ciudadano detenido bajo la “sospecha” de estar involucrado en una acción ilegal - que pudiese ser algo tan silvestre como pasarse una luz roja - podía ser obligado a demostrar si reside legalmente en EE.UU. En una brillante elocución, el Presidente Obama puso las cosas en perspectiva. La preocupación de Obama es que un ciudadano norteamericano de origen latino, cuya familia habita los hirvientes suelos de Arizona desde antes que los norteamericanos los usurpen de México, se vea sometido al acoso policial simplemente por el color de su piel.
En un histórico dictamen, la juez federal Susan Bolton suspendió partes de la ley SB1070 que pretendían legalizar el acoso racial, declarando algunos de sus elementos anti-constitucionales. No obstante, una porción de la ley ha sido sostenida: si una persona es formalmente acusada de un crimen y arrestada, es legal pedirle sus documentos migratorios, no pudiendo ser liberada hasta que compruebe su estatus migratorio. A su vez, Bolton dejó en pie la cláusula que convierte en delito de menor cuantía el dar albergue y transporte a los indocumentados. Los paralelos con la situación y delicada relación entre Gobierno central y departamental en Bolivia quedan para ser pintados con el color que cada quien le imprime a la realidad, según su propio prejuicio.
Nuestra constitución, lejos de ser daltónica, mira a través del color particular del ciudadano, un matiz que confiere derechos especiales en función a su identidad cultural. Al igual que en Arizona, la persecución por dar “albergue” a terroristas ilegales aquí también ha sido furiosamente desatada. Por último, ser acusado formalmente de un crimen aquí no es solamente justificativo para pedirle al imputado su pasaporte, sino para destituirlo de un cargo democráticamente electo, como se intenta hacer en Potosí. Interesante observar como armonizar normas nacionales y regionales es un reto tanto para la plaza Murillo, como para Washington. Las sensibilidades de ambos consensos, sin embargo, son muy diferentes, aun cuando en la superficie la imposición del gobierno nacional pareciera ser igual.
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