Es una lógica febril argumentar que un aumento salarial mayor al propuesto por el Gobierno “no afectaría al Estado”. Según la lógica, sería la empresa privada quienes asumirían la responsabilidad de un incremento del 12%. De cierta manera es cierto: incrementos en productividad del sector privado serán los que mejoren la calidad de vida de los bolivianos. El aspecto pernicioso de la lógica de “suma-cero” del sector fabril es ignorar que un aumento artificial sería una victoria pírrica, porque al disparar un efecto inflacionario, acabaría comiéndoselo. Actuar por consigna populista afectaría no solo el bolsillo del empresariado: afectaría el bolsillo de todos.
En un inusitado acto de auto-regulación, el Gobierno ha optado por invertir su capital político en contener las demandas de los trabajadores. La lógica en este caso es impecable: el Estado debe invertir los recursos de la nación en proyectos de largo plazo, para ir gradualmente mejorando nuestra calidad de vida, en vez de comérnoslos hoy. Esta posición contrasta con la postura manifestada en la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Allí se condenó el “neoextractivismo”, una lógica de crecimiento económico permanente que – en teoría – atenta contra la Madre Tierra. Al margen de la lógica utilizada, la conclusión es que gobernar requiere de un equilibrio “orgánico” entre objetivos e intereses en permanente conflicto entre sí.
Tres grupos ahora se pugnan por superioridad política: desarrollistas, ecologistas y sindicales. Por el momento tienen el sartén por el mango quienes proponen invertir nuestro superávit en industrializar Bolivia. El sector trabajador deberá ahora elegir entre apoyar la estrategia del fundamentalismo ecológico, que pretende redistribuir los ingresos mediante “mecanismos de concertación, participación y consulta”; o apoyar a quienes quieren incrementar los ingresos mediante la “explotación intensiva de recursos naturales”; una estrategia de desarrollo que pude también ser ecológica y económicamente sensata. Las opciones son difíciles y las coaliciones por el momento se encuentran resquebrajadas.
A su vez, la lógica se encuentra secuestrada por el raciocinio de la lucha de clases. Cual nube que ofusca la luz, la mayoría supone que debemos arremeter siempre contra la empresa privada y su suicida lógica de la ganancia. En consecuencia, nadie escucha al Gobierno cuando intenta explicar la lógica detrás de su postura salarial. La retórica utilizada para alcanzar el poder parece haber devaluado no solo la legitimidad del “lucro”, sino incluso del concepto “racionalidad”. No obstante el deterioro semiótico de la palabra “lógica”, cada sector busca ciegamente defender su posición sectorial, bajo la racionalidad que gobierna su egoísta agenda político-existencial.
Por fortuna el Gobierno ha madurado en su comprensión de los factores que hacen el equilibrio sostenible de la economía. Ese equilibrio debe extenderse a la Madre Tierra y a la pobreza de un pueblo digno, que merece mucho más. Los trabajadores necesitan un mejor sueldo; la Madre Tierra tecnologías y políticas que velen por su integridad. Pero es sensato del Gobierno contener la impaciente furia de los sectores que conforman su columna vertebral, una decisión fría que evita caer en “inmediatismos”. Una política de largo plazo nos permitirá ganar a todos, incluyendo a la Pachamama. Sin mayor productividad, fruto de una visión e inversión estratégica, todo quedaría en buenos sentimientos.
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