Dulce Subvención

Coca Cola: el más popular estandarte del capitalismo y conocido factor de obesidad. Cuando nuestro cuerpo metaboliza grandes cantidades de azúcar todos los días, la otra blanca refinada se transforma en veneno. Para frenar los males asociados con este dulce asesino, el municipio de San Francisco, California, ha prohibido la venta de gaseosas en propiedad pública. Máquinas dispensadoras de la coca más famosa del planeta ya no tienen cabida en zoológicos, parques, museos, escuelas y cualquier espacio físico bajo la jurisdicción de aquellos que también administran la cárcel de Alcatraz.

El argumento del alcalde Gavin Newsom es que ciudadanos responsables, con una dieta sana y equilibrada, subvencionan con sus impuestos a sibaritas que se arrepienten de su estilo de vida camino al quirófano, o al contraer diabetes. Adicciones privadas a comidas chatarras imponen costos sobre recursos públicos destinados al sistema de salud. Los impuestos de los mesurados subvencionan los males ocasionados por los excesos de tragones. Esta subvención es inaceptable para Newsom, por lo que quienes quieren lentamente suicidarse deberán comprar sus “cocas” en tierras que no pertenezcan a la ciudad del Golden Gate.

Una cosa es implementar normas que ayuden -a nivel local- administrar mejor el presupuesto asignado al sistema de salud. Otra muy diferente es corregir distorsiones de mercado, como ser la existencia de monopolios, una ley que debe aplicarse a nivel nacional. Es en ese espíritu que el Estado Plurinacional arremete contra los contratos de exclusividad. El principio es sano. Pero más allá del espíritu de la ley, el Gobierno vierte posturas contradictorias en su implementación de la Resolución 001/2010. Por una parte pretende “garantizar la libre comercialización de productos y la libre elección por parte de clientes y usuarios”. Por otra, pretende hacernos creer que “bajo la lógica del viejo Estado” el “mercado atenta contra la economía de usuarios… imponiéndoles un producto y una calidad”.

Las normas anti-monopólicas ya existían en el “viejo Estado”, hombre de paja favorito para - en temas económicos - marearnos la perdiz. A excepción del comunismo, las normas anti-monopolio son ubicuas en todo modelo de desarrollo hace ya más de 90 años; y tienen como objetivo precisamente un mejor funcionamiento del mercado. Las que atentan contra el consumidor son agendas políticas que colocan a la ideología por encima de la economía, distorsionándola según intereses sectoriales. Pero incluso si el Gobierno fuese sincero en su propósito de evitar los monopolios (BOA/Coca-Cola/Paceña) e incentivar la competencia (Aereosur/Coca-Quina/Auténtica), la nueva norma expone ambigüedades que pueden surgir en relación a las competencias que tiene un municipio bajo el nuevo régimen de autonomías.

Una vez arqueólogos, historiadores y la ciencia genética ayuden a auto-determinar la jurisdicción de cada una de las 16 naciones aymaras, estas pueden entrar en conflicto con las municipales. En teoría, las discrepancias se resolverían en algún tipo de Consejo Superior. En la práctica, las TCOs podrían auto-determinar que la Coca-Cola “malea” a la juventud y denunciar su infiltración con fines de “desestabilizar” el proceso cultural de cambio. Si las TCOs norman la “expulsión” de la Coca-Cola y prohibición de su tránsito por territorio indígena, ¿Qué tipo de autonomía tendrían los municipios que queden bloqueados por la medida? Si por exclusividad cultural las TCOs deciden solo comercializar Coca-Colla, ¿Dónde quedaría la libertad del consumidor y competencia en el mercado?

El escenario anterior es inverosímil. Ello no garantiza competencias municipales autónomas, la libre competencia en el mercado, ni la libertad de elección del consumidor. Dentro del nuevo régimen de autonomías, las jurisdicciones se mueven cuánticamente, cual electrón que puede estar en varios lugares a la misma vez. En rio jurídico revuelto, lo que el nuevo régimen de autonomías lograría es subvencionar el poder de dirimir del gobierno de turno: dulce subvención para el poder centralista del Estado.