¿A Cuyas Órdenes?

Insulso esfuerzo es intentar preservar la legalidad, cuando lo legal es cuestión de opinión personal. La dificultad es mayor cuando lo que significa “estado de derecho” es una entelequia a ser permanentemente redefinida. Bajo la excusa de consultar al soberano se ha legitimado el derecho a patear el tablero; estableciendo reglas de juego que se ajusten a las ambiciones del jefe en turno. Resguardados en el pretexto de defender a los pobres de la garras de la oligarquía, la hegemonía pasajera ha secuestrado la capacidad de definir cuales leyes son las únicas dignas de ser defendidas. Ahora estamos enfrascados en un pueril debate sobre qué quiere decir “legalidad”.

Opiniones teñidas hacen de facto ilegitimas reglas definidas en el pasado por los monstruos que gobernaron antes de que llegue - por fin - una parva de heroicos mesías. Invocar los fantasmas del pasado es una escuela en las Américas que ha sellado en el psique colectivo actitudes trogloditas de la cual – aparentemente - no se escapa nadie. El golpe militar en Honduras es una grave interrupción que hace eco perfecto a la crisis del orden democrático que - a nombre de obedecer órdenes – impone agendas políticas en lugar de un orden constitucional. La diferencia entre los soberanos es la habilidad de vestir sus estrategias políticas en velos democráticos, sin que nadie pueda entrever que la democracia está siendo secuestrada. Aun más triste es que el pueblo ahora estará convencido que el secuestro únicamente ha sucedido en calles de Tegucigalpa.

A base de la fuerza militar se acaba de dar órdenes en Honduras de avanzar el proyecto de pelear fuego con fuego. Las órdenes de ejercer violencia - disfrazadas de legalidad – son sumamente peligrosas. Afortunadamente hay órdenes de responder al golpismo mediante la implementación de la no-violencia, una postura que merece ser respaldada y aplaudida. Las reglas deben ser perfeccionadas; pero para eso también hay reglas. En lugar de un referente imparcial, las reglas de juego forman parte de un tablero de ajedrez sobre el cual se escriben consignas políticas, para luego llenarse la boca de legalidad. Las reglas de juego ahora son simples opiniones que se aplican según los intereses de quienes tienen el poder de interpretarlas. Los militares hondureños han sido groseros en la aplicación de la misma discrecionalidad que gobierna en otras latitudes.

La injuria política de militares hondureños es excusa perfecta para legitimar un intervencionismo selectivo. El derecho de autodeterminación de los pueblos tendrá ahora que subordinarse al derecho de interpretar lo que es – o no es – un orden constitucional. Insulso, por ende, es el pretexto de defender la democracia, cuando el concepto “democracia” depende que cuya hegemonía esté siendo defendida. Los militares hondureños se equivocan al pretender obedecer órdenes de una legalidad según su propia interpretación. El error suicida es suponer que los militares hondureños son los únicos que responden a órdenes dictadas por una agenda política. En el propósito de adueñarse de la legalidad – atentado contra el orden constitucional a nombre de defenderlo – los militares hondureños están en muy buena compañía.

Las órdenes deberían provenir de la ley. Las órdenes de una agenda corporativista hacen que la ley sea un concepto relativo. La aventura de imponerse a la fuerza tampoco ayuda el propósito de fortalecer el orden democrático, agregando años a nuestra condena. En América últimamente no se reconoce ni obedece absolutamente nada.