Intermunicipalidad

“Integrar o no integrar, esa es la cuestión”. Ilusos hijos del siglo XXI. Pensaron que la globalización permitiría levantar el ancla del tribalismo, para navegar aguas futuristas. Pero la integración de mercados choca estrepitosamente con el cerco que impone Grecia, cuna de la democracia. En el continente más sangriento de la historia parecía que enemigos ancestrales iban a intercambiar límites territoriales por una moneda común. Pero con un euro victima de la actual crisis financiera, globafóbicos apóstoles de la desintegración se regocijan ante la posibilidad de que el mayor proyecto de mercado común sea un fracaso.

Problemas en común requieren una mínima organización. Tal es el caso de la inevitable metropolización de la sede de gobierno. Primero con su hermana gemela de El Alto, luego con Achocalla, Palca y Mecapaca, la planificación urbana deberá ser cada vez mejor coordinada. Vivir en sociedad, después de todo, implica también resolver juntos problemas de vialidad, alcantarillado, seguridad, manejo de desechos, electricidad y agua potable.

Una campaña mediática del Ministerio de Comunicación culpa la mengua de nuestro territorio nacional a la falta de integración. El relativismo que reina, sin embargo, parece determinar que algunas integraciones son legítimas, mientras que otras integraciones son nocivas (nocivas para reproducción del poder). Es así que los municipios que hacen a la gran urbe asentada a lo largo del Choqueyapu, en faldas del Illimani, chocan estrepitosamente con el cerco que impone el implacable pragmatismo político. Por encima de cualquier consideración de planificación, coordinación o mínima legalidad, cuando de repartir la torta se trata, la integración deja de ser imperativo.

 La tesis detrás de la carretera a pasar por el TIPNIS es integración; una racionalidad que al final de cuentas es económica. En este territorio de naturaleza prístina se puede entrever con claridad que el meollo de nuestras pugnas ideológicas es el cochino dinero. Por el corazón de la integración pasa la agenda de redistribución; del poder político y recursos económicos. Tal es el caso de la gran metrópolis paceña, una coincidencia de la historia que resalta en simétrica ironía los ímpetus de la naturaleza humana y el incontrolable apetito por expandir el control sobre territorios.

No obstante la evidente raíz de nuestros problemas en la pugna por el poder, algunos trasnochados pretenden reducir el conflicto entre municipios paceños a una discriminación de la urbe hacia sus vecinos rurales, utilizando la carta “racista” para disimular los avasallamientos de tierra de municipios expansionistas. Si bien la tecnología, redes sociales, interdependencia económica ente comunismo (China) y capitalismo (EE.UU.) hacen de la integración e interculturalidad un ímpetu incontenible, en la sede de gobierno de Bolivia la coordinación y planificación intermunicipal se ve sometida al cerco político. Es así que experimentamos un paralelismo lleno de contradicciones, con un llamado - por un lado de la boca - a la integración del territorio boliviano, cuando simultáneamente (en territorios que hacen la urbe interconectada de la sede de gobierno) se promueve la desintegración.

Pugnas por territorios ancestrales hacen imposible cualquier planificación y coordinación que permita desarrollar un proyecto nacional o intermunicipal. Síntoma del problema es la pugna mediática por la verdad. En esa pugna de palabras resulta que no es legítimo argumentar que en el TIPNIS existe el peligro de un avasallamiento quechua-aymara (reventar) sobre indígenas de tierras bajas. Pero cuando se trata del municipio de La Paz y su defensa de límites limítrofes legales, no les tiembla la boca a los de doble moral cuando acusan al alcalde paceño de “racismo” y “discriminación”.

Otro ejemplo de contradicción es el desbloqueo a la fuerza en Camiri, a la vez que las fuerzas policiales observan impávidas atropellos en Yucumo, donde se impide a la fuerza a ciudadanos transitar libremente por carreteras existentes. Temo que lo que se vive en Bolivia no es un proceso de integración, sino el gradual desgaste de la demagogia de quienes no temen defender su poder y privilegio, incluso al precio de defender contradicciones que merman nuestra propia democracia.

Voto Misterios

Trazos caprichosos sobre el territorio y un diálogo entre colonizados por el elusivo bien común ofusca una gran interrogante: ¿Quienes construirán el camino a la justicia? Brechas del camino democrático a la justicia social se remonta a revolución de 1952, épocas inocentes cuando ciudadanos campesinos eran llevados a las urnas en camiones del gobierno. Cuenta la leyenda que un insatisfecho ciudadano, habiendo recibido un sobre cerrado con su voto soberano, preguntó: “¿Puede decirme, compañero, por quién voy a votar?”. El compañero dirigente, movimientista poderoso, indignado por su falta de convicción revolucionaria, le contestó: “No seas ignorante, hijo, ¿acaso no sabes que el voto es secreto?”.

En la sede de gobierno de conjuran los actos políticos que definen el camino a la justicia. El trazo de esa sinuosa carretera se sustenta en tres grandes pilares: el que dirige, el que delibera y el que aplica la ley. Son tres poderes independientes, cada uno con funciones diferentes. Si los tres pilares se acercan el uno al otro demasiado, se pierde el equilibrio. En teoría, someter estos pilares al constante ejercicio de las urnas es la manera idónea de gobernar. Es así que nuestro Presidente sugiere un plebiscito para determinar si los pueblos indígenas del TIPNIS quieren o no una carretera, voluntades que habrá de competir en democracia con el voto colonizador, que busca expandir el horizonte ecológico de su hoja sagrada.

Parece que el sendero a la justicia únicamente defiende leyes que se acomoden al capricho del poder político. Es así que, con dos tercios del congreso y ahijados del poder judicial, el rodillo del poder ejecutivo asfalta el camino a una justicia sectorial. Con paciencia y pragmatismo, se pretende legitimar el territorio avasallado del parque nacional de Mallasa, un territorio en poder de loteadores que llegaron por el asfalto que articula La Paz con municipios aledaños. Con cabildos bien apadrinados pretenden forzar al municipio de La Paz ceder también otros territorios. Sucesivamente, la urna pintada de azul reflejará cuales trazos legales son válidos y cuales leyes pertenecen al pasado colonial.

En octubre, mes fatídico, iremos a las urnas para elegir aquellos ciudadanos mejores aptos para condenar a los condenables a muchos años de prisión. A los que consideremos ser mejores jueces imparciales debemos cederles nuestro voto democrático, para encumbrarlos en la silla del poder judicial. Pero por mucho que intento informarme, escuchar y digerir debates apolíticos entre candidatos a las diferentes magistraturas, no dejo de sentirme igual que el campesino enfilado a las urnas en los años después de la otra gran revolución.

Mi voto es soberano y nadie me obliga a aceptar un candidato en un sobre cerrado entregado por un alto dirigente sindical. Pero al igual que el campesino conducido a las urnas en camión oficialista, temo que en octubre no tendré idea por quién estoy a punto de emitir mi voto. Tal vez el mío no sea un voto consigna, pero ante la ignorancia que me acongoja, será un voto misterio. Y así, entre urnas y diretes de un gobierno que no cede un milímetro del territorio ganado en una democracia cada vez más “directa”, la justicia del vencedor nos enfila - cual ganado – al desfiladero. La justicia boliviana empieza a convertirse en un territorio a ser trazado únicamente en azul.