Trazos caprichosos sobre el territorio y un diálogo entre colonizados por el elusivo bien común ofusca una gran interrogante: ¿Quienes construirán el camino a la justicia? Brechas del camino democrático a la justicia social se remonta a revolución de 1952, épocas inocentes cuando ciudadanos campesinos eran llevados a las urnas en camiones del gobierno. Cuenta la leyenda que un insatisfecho ciudadano, habiendo recibido un sobre cerrado con su voto soberano, preguntó: “¿Puede decirme, compañero, por quién voy a votar?”. El compañero dirigente, movimientista poderoso, indignado por su falta de convicción revolucionaria, le contestó: “No seas ignorante, hijo, ¿acaso no sabes que el voto es secreto?”.
En la sede de gobierno de conjuran los actos políticos que definen el camino a la justicia. El trazo de esa sinuosa carretera se sustenta en tres grandes pilares: el que dirige, el que delibera y el que aplica la ley. Son tres poderes independientes, cada uno con funciones diferentes. Si los tres pilares se acercan el uno al otro demasiado, se pierde el equilibrio. En teoría, someter estos pilares al constante ejercicio de las urnas es la manera idónea de gobernar. Es así que nuestro Presidente sugiere un plebiscito para determinar si los pueblos indígenas del TIPNIS quieren o no una carretera, voluntades que habrá de competir en democracia con el voto colonizador, que busca expandir el horizonte ecológico de su hoja sagrada.
Parece que el sendero a la justicia únicamente defiende leyes que se acomoden al capricho del poder político. Es así que, con dos tercios del congreso y ahijados del poder judicial, el rodillo del poder ejecutivo asfalta el camino a una justicia sectorial. Con paciencia y pragmatismo, se pretende legitimar el territorio avasallado del parque nacional de Mallasa, un territorio en poder de loteadores que llegaron por el asfalto que articula La Paz con municipios aledaños. Con cabildos bien apadrinados pretenden forzar al municipio de La Paz ceder también otros territorios. Sucesivamente, la urna pintada de azul reflejará cuales trazos legales son válidos y cuales leyes pertenecen al pasado colonial.
En octubre, mes fatídico, iremos a las urnas para elegir aquellos ciudadanos mejores aptos para condenar a los condenables a muchos años de prisión. A los que consideremos ser mejores jueces imparciales debemos cederles nuestro voto democrático, para encumbrarlos en la silla del poder judicial. Pero por mucho que intento informarme, escuchar y digerir debates apolíticos entre candidatos a las diferentes magistraturas, no dejo de sentirme igual que el campesino enfilado a las urnas en los años después de la otra gran revolución.
Mi voto es soberano y nadie me obliga a aceptar un candidato en un sobre cerrado entregado por un alto dirigente sindical. Pero al igual que el campesino conducido a las urnas en camión oficialista, temo que en octubre no tendré idea por quién estoy a punto de emitir mi voto. Tal vez el mío no sea un voto consigna, pero ante la ignorancia que me acongoja, será un voto misterio. Y así, entre urnas y diretes de un gobierno que no cede un milímetro del territorio ganado en una democracia cada vez más “directa”, la justicia del vencedor nos enfila - cual ganado – al desfiladero. La justicia boliviana empieza a convertirse en un territorio a ser trazado únicamente en azul.
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