Justicia Poética

El pragmatismo anti-imperialista obligó al soñador convertirse, “por necesidad”, en bolchevique. Es decir, Fidel Castro -líder idealista - construyó su proyecto revolucionario a base de fingir ser simpatizante de lo soviético, cuando en realidad estaba manipulando a Moscú para oponerse al dragón del norte. Cincuenta años después, pensadores latinoamericanos, como Methol Ferré, realizan un “mea culpa” por ese maquiavélico accionar. Ante esta revelación, el Che Guevara - primero en oponerse al proyecto imperialista de la URSS – exclama desde lo etéreo, “¡justicia poética!”.

Existen argumentos razonables y legítimos en el caso del Tipnis, principios que lamentablemente comparten el lecho con argumentos apocalípticos del fundamentalismo verde. Endulzado su oído por el olor a sangre, la oposición boliviana canjea principios por pragmatismo político, convirtiéndose en vulnerable al canto seductor de los argumentos más extremistas del ecologismo profundo. Habiendo primero perdido el poder político, y habiendo ahora abandonado principios que otrora los llevaron a oponerse al derecho de pueblos indígenas de bloquear el desarrollo en nombre de preservar la naturaleza en condiciones prístinas, la oposición parece incapaz de discriminar entre la validez de diferentes tipos de argumentos, prestándose así a darle legitimidad a cualquier posición que ayude a darle al gobierno un ojo negro.

La diversidad de flora y fauna en el Tipnis debe ser conservada, los derechos de indígenas que hacen de la selva su forma de vida también debe ser defendida. Pero no a cualquier precio. Construir un equilibrio entre conservación y desarrollo no es posible cuando se manipula una crisis tan compleja como la del Tipnis, utilizando de peón político a movimientos indígenas que legítimamente expresan su desencanto hacia los imperativos de la civilización. En un entorno salvaje donde la depredación, tala de árboles y el ritual del chaqueo es un hecho cotidiano, crear condiciones para que el Estado pueda proteger los recursos naturales, a la vez que los pueblos puedan integrarse, será imposible si seguimos utilizando una carretera como si fuese un tablero de ajedrez.

La diversidad de lógicas y opiniones es síntoma de una democracia saludable. El éxito económico del gigante del Oriente, financiador de la carretera que causa la crisis del Tipnis, se debe a la lógica de Lula, un sindicalista obrero. Pero cuando su contraparte boliviana intenta emular en parte su proyecto desarrollista, su credencial de máxima autoridad del sindicalismo cocalero crea la susceptibilidad que son sus devotos del Chapare quienes pretenden hacer del Tipnis su patio trasero. En nombre de celebrar la diversidad de lógicas y opiniones, existe la agenda de encausar la polarización demagógica, utilizando cualquier excusa para avanzar la ingobernabilidad.

Al legitimar la lógica apocalíptica, se empaña la lógica ecologista con la que se intenta brindar racionalidad a una carretera amazónica. Al convertir una noble causa en causa radical, corremos el riesgo de caer en la lógica del bloqueador. Si bien la lógica de la opresión obligó al oprimido a optar por el sabotaje, ahora el ímpetu de derrotar al otro conduce a asumir posiciones “por necesidad”. El indigenismo-ecologista fue bandera política que encumbró a Evo en el poder; bandera que la oposición le arrebata gracias al Tipnis. El hecho que sea la defensa de la Pachamama y derechos indígenas la que promete rasgar la hegemonía política del MAS conduce a la oposición a exclamar, “¡justicia poética!”, a la vez que elevan a los cielos un proverbial escupitajo.

Escuchar al Otro

Dar la otra mejilla es una sabiduría incomprendida. Una interpretación descabellada del refrán es que, al obligar al agresor a utilizar la mano impura, es una sutil manera de humillarlo. En el otro extremo, dar la otra mejilla es la expresión suprema de humildad. Otra sabiduría difícil de implementar es “amar al enemigo”, una lección que no entran ni con sangre, lo cual explica por qué las formas de lidiar con el terrorismo pecan a veces de ser extravagantes. Una de las maneras de lidiar con la violencia que comprueba ser muy efectiva es aprender a escuchar al otro.

Escuchar al otro es celebrar la otredad. En un mundo de tensiones entre múltiples interpretaciones de la verdad, entrever otras posibles dimensiones ayuda a crear armonía. Escuchar al otro es acto supremo de amor y de humildad. Lástima que también puede ser un crimen. En el crimen político que empezó una larga tradición – Watergate – el Presidente de la nación cuya mismísima identidad está predicada alrededor del derecho a la privacidad, tuvo que renunciar por espiar a sus oponentes políticos.

A diferencia de Richard Nixon, el gobierno de George W. Bush tuvo una buena excusa para escuchar al otro: combatir el terrorismo. Con el ímpetu cívico y nacionalista de salvaguardar la integridad y seguridad del Estado, el poder Ejecutivo se atribuyó competencias reservadas para a jueces. El manto de “seguridad nacional” sirvió para cubrir de pragmatismo acciones secretas en contra se cédulas fundamentalistas musulmanas, enemigas de las libertades democráticas del pueblo.

A meses del decimo aniversario del brutal ataque terrorista en la isla de Manhattan, un terrorista de extrema derecha derramó fuego asesino en una isla noruega. La excusa fue erradicar la migración musulmana aplicando otra antigua sabiduría - la ley del Talión. Ante el “ojo por ojo” y purismo étnico de un extremista, el pueblo noruego prefiere dar la otra mejilla y aferrarse a su inocencia. En el fuego cruzado de preceptos bíblicos en contraposición, Noruega enarbola principios básicos de convivencia, entre los cuales se encuentran precisamente los derechos civiles que inspiraron los ataques terroristas. Noruega rehúsa permitir que el ataque a sus valores liberales se convierta en sendero a un Estado-policía.

Escuchar las conversaciones del otro forma parte del monopolio a la violencia que puede ejercer el Estado. Existen casos extremos en los cuales el individuo – gracias a su criminal accionar - pierde el derecho a su privacidad. La determinación de sancionar la mala conducta, sin embargo, pertenece a un juez, no a un burócrata cualquiera. El ente regulador de las telecomunicaciones, por ejemplo, obedece a instancias del poder Ejecutivo. Sería un serio resquebrajamiento de la división de poderes si una atenta autoridad reguladora asume competencias que pertenecen al poder Judicial.

Con complicidad de la cajita de resonancia en manos de tele-basura, el gobierno de Siria utiliza tanques para arremeter contra barrios residenciales en la ciudad de Hama. Ejecuciones sumarias en las calles no parecen despertar indignación alguna entre defensores de los derechos humanos de algunos. El terrorismo sirve de excusa perfecta para que tiranos se aferren al poder. George W. Bush, santo patrón de la lucha contra el terrorismo, fue el primero en limitar derechos civiles en nombre de proteger al Estado de “situaciones de emergencias”. Parece que mientras más ahondamos el sendero anti-imperialistas, más nos inclinamos a otorgar a autoridades burocráticas licencia para “escuchar al otro” al mejor estilo “cowboy”.

Desde el Banquillo

El nuevo norte es el sur. Desde un puntito terrenal de un cosmos infinito, debatir la posición de “arriba” y “abajo” es un debate insulso: el universo no tiene parte inferior. Pero en un planeta repleto de subjetividad humana, establecer lo “inferior” es un objetivo compartido, en norte y sur, por los que están - momentáneamente - más arriba. Imponer su propio estándar de “justicia” en esta tierra azul permite a los de arriba usar la fuerza de la ley para someter a los de abajo. En el norte y en el sur, tener jueces parcializados es de especial importancia para imponer la ideología considerada superior.

En el norte, el debate sobre “justicia” se centra en un concepto básico: Los jueces deben limitarse a interpretar imparcialmente la ley, evitando así usurpar competencias a los legisladores. En una democracia, los legisladores - elegidos por el pueblo- son quienes debaten y forjan la ley. En el norte, los magistrados supremos, confirmados por el congreso, juran no permitir que su ideología personal empañe su interpretación de la carta suprema. En teoría la ley es objetiva e imparcial. En la práctica, los terrícolas somos seres contextualizados, para quienes interpretarlo “todo” es ley: la ley no es una fórmula matemática.

En el norte, angular al debate sobre justicia es la separación de iglesia-Estado. La ley de Dios está separada, por ley, de la del hombre. No obstante, en el norte, la “Mayoría Moral”, un bloque electoral de derecha, intenta impone su ley a minorías haciendo gala de estadísticas: el 78.4 % de la población es cristiana. Con el yugo de “usos y costumbres”, se intenta barrer los derechos gay, el derecho de la mujer a decidir y otros temas tabú bajo la alfombra del poder social de la derecha. Jueces valientes deben vencer el yugo de las “mayorías”, para llenar vacios legales e imponer un concepto de justicia que defienda a minorías, incluso cuando su voz no está reflejada en las urnas. A eso, la derecha llama “legislar desde el banquillo”, un anatema a la imparcialidad de magistrados que deberían limitarse a imponer la ley, según la voluntad moral de las mayorías.

La palabra es herramienta suprema. Junto a la palabra, la ley es vehículo de convivencia. Ambas, sin embargo, están sujetas a la interpretación. En base a leyes arcaicas, cortes deben decidir sobre – por ejemplo - el derecho a la propiedad intelectual. Esa ley, sin embargo, puedo haber sido escrita antes de la invención del internet. Es precisamente debido a la anacrónica ambigüedad de las palabras, que las cortes necesitan individuos idóneos, cuya capacidad moral, intelectual y profesional sea juzgada por quienes han dedicado sus vidas al estudio de la ley y que mejor entienden las complejidades de la justicia.

Interpretar la ley es un arte, no una ciencia. El lenguaje suele ser contradictorio; un amalgama de voces de legisladores con diversos intereses sectoriales. Ante abstracciones, un juez debe deambular entre múltiples interpretaciones de un texto. La ley se clarifica, se adapta y es muchas cosas a la vez. Lo que la ley no debería ser es un instrumento político. Para eso existe el Congreso, un foro donde se esgrimen palabras para perfeccionar la ley. Las varias interpretaciones de justicia son, y deberán ser, debatidas. Debatir sobre “legislar o no legislar” desde el banquillo es otro debate necesario. Y si en el norte la mayoría moral se impone a minorías mediante argumentos de “objetividad” textual, en el sur el debate sobre derechos de las minorías por el momento es nulo. Si el nuevo norte es el sur, entonces la nueva derecha es la izquierda.

Identificación Personal

Antes del Estado, existía la identidad. Comunidades ancestrales imponían justicia sin policías, fiscalizaban sin monedas y coordinaban acciones colectivas sin decretos iluminados. Central a la danza de voluntades de la comunidad rural fue el sentido de identidad, un instinto básico que permitió cementar la cohesión social, brindándole vitalidad a la hora de reproducir la vida y un ímpetu suicida a la hora de defender su territorio. En antesala al lento proceso que desemboca en un Estado moderno, las comunidades “primitivas” gozaban de salud política y complejidad administrativa, sin necesidad de leyes, jueces o tribunal electoral. En aquel lejano pasado, cuando éramos todos campesinos, la sociedad agraria estructuró exitosamente al colectivo alrededor del sentido de identidad personal.

El que se siente identificado sacrifica su vida por el grupo, para plasmar en sangre su sacrificio. Antes de llegar a ese grado de desprendido compromiso, su frágil ego debe ser transformado en temple de guerrero. La evidencia histórica demuestra que -en la guerra, política o futbol - esa entrega apasionada al grupo se amasa mediante la identificación personal con los colores de la tribu (su bandera). Estas comunidades se “hinchan de hinchas” de una causa común. En las tribus de antaño la causa fue supervivencia. En las tribus modernas, la política de la identidad congrega a minorías desafectadas que luchan contra la violencia de elites que las marginan por sus diferencias: color de piel, orientación sexual o bravuconeado nihilismo. Antes y después de la historia, la identidad antecede a “clase social” como categoría organizadora.

Identidad: instinto genio y figura. En su vientre se gestan comunidades de jerarquías necesarias, una necesidad de crear minorías poderosas que dan lugar al orden: sin la distribución desigual de prestigio, poder y privilegios, la célula social se anquilosa, su accionar se debilita. La gran ironía de la identidad es que, a la vez que libera al individuo del aislamiento, lo somete a la voluntad de quienes se adueñan de los símbolos del clan.

Reciprocidad: código social supremo. Cuando una comunidad –organizada bajo la fuerza centrípeta de la identidad local - siente impotencia ante la violencia ejercida por elites externas, que imponen una relación jerárquica no-reciproca, la comunidad se rebela (Magagna). Es decir, si empresarios foráneos, que viven bajo la sombra del FMI, han usurpado nuestra independencia, entonces la comunidad se rebela y siente la necesidad de ejercer violencia abstracta contra gringos que eluden la justicia comunitaria: incluso al precio de su economía personal.

Las tiranías del siglo XXI se sustentan en la política de la identidad. Abrazados por el odio a potencias colonialistas, el Partenón político en Medio Oriente de caudillos despiadados se llenó. Subvencionada su popularidad por la nacionalización de la identidad de clase social y etnia, los caudillos pueden burlar durante décadas el precio del fracaso.

Subjetivo Talibán

Más de 6,000 muertes en Libia; muchas (demasiadas) un “crimen contra la humanidad”. El tirano de Trípoli, incapaz de “leer” lo que sucede en su país, se aferra un poder que le ha dejado de pertenecer, a golpe de alto calibre. Mientras, en los lejanos Andes, le duele a la doble moral de trasnochados aferrados a su nueva Guerra Fría, únicamente el puñado de muertes accidentales de civiles en manos de la OTAN. Les duele cuando muere un inocente, solamente cuando el tirano es su enemigo. Si el tirano pertenece al clan, se revuelcan en el lodo del sofismo para limpiar la sangre de sus manos. Creen que condenar la sanguinaria brutalidad de sus amigos pondría en peligro una causa más elevada.

¿El petróleo de Libia es la causa de la guerra civil? Tanto dinero en manos de imperialistas, que todavía pueden comprar la consciencia e integridad física de cientos de miles de “mercenarios”; hombres, mujeres y niños dispuestos a morir con tal de crear en Libia una democracia. Pero si la ley de la selva está del lado de Gaddafi, entonces existe la posibilidad que sea el Presidente Obama quien actúa ilegalmente en esas tierras petroleras. Al llevar a cabo acciones bélicas en Libia sin autorización del Congreso de EE.UU., Obama ha suscitado dentro de su propio Congreso la censura de moros y cristianos.

Talibanes ejecutaron un exitoso acto terrorista y suicida en un hotel de lujo afgano, favorito entre occidentales. La hipocresía de enemigos de EE.UU. es silencioso testigo de la celebración en Bolivia de tal acto criminal. Entre sesos carcomidos por el cáncer de la venganza, el “enemigo de mi enemigo” no puede equivocarse. El objetivo talibán, plasmado en la foto de World Press Photo de una niña sin nariz, no hace mella en el sujeto de la historia que construye con relativismo subjetivo su ideal de “mundo mejor”. Presos de su maniquea visión, ofrendan un aplauso trasnochado a talibanes, haciéndose de la vista gorda cuando sus héroes suicidas pisotean valores básicos: Se olvidan del objetivo talibán de someter a mitad de la humanidad al yugo machista. Parece que los únicos terrorista que merecen morir en manos del Estado, son los protestantes sirios que amenazan la hegemonía del otro tirano-amigo, en tierras poco Sirias, enemigas de Israel.

Leo Strauss declaró vencedores de la Segunda Guerra Mundial a Hitler, una victoria plasmada en el relativismo moral de Nietzsche, abstracción del “ser” de Heidegger y perspectivismo de Max Weber; quien define al Estado como el monopolio de la violencia legítima. En teoría, esa violencia debe ser enmarcada en normas. No obstante, en Bolivia sigue siendo una abstracción la norma que permite al Gobierno frenar un levantamiento armado que atenta con violencia contra un gobierno democráticamente electo. Los que hacen contorsiones morales para defender a Gaddaffi, luego callan cuando el ejército boliviano necesita reglas claras para intervenir en un conflicto interno.

Si el ejército boliviano utilizaría, o no, el monopolio de fuerza mortal en el improbable caso que cambas del tercer anillo se abalancen armados sobre la nueva asamblea cruceña es una interrogante sin horizonte. Pero si Obama debe “cantinflearla” al interpretar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que restringe los poderes del Presidente a la hora de declarar una guerra, en la flamante escuela de Warnes, donde se construye la nueva doctrina militar, deberían discutir los lineamientos que rigen la mutua defensa de países hermanos del Alba. Suficiente relativismo es otorgar condecoraciones a presuntos forajidos. Ojalá seamos más serios a la hora de normar el uso de la fuerza militar.

Exuberancia Teórica

Tal vez funcione en la práctica, ¿pero funciona “en teoría”? En la práctica, el ímpetu de la libertad individual comprueba por doquier ser una fuerza incontenible y existe abundante evidencia que la libertad es la mejor manera de desarrollar una comunidad. En teoría, la economía es más justa (y la vida más virtuosa) cuando la conducta individual es regulada por iluminados con el poder de implementar el bien común, a fuerza de decretos supremos. De “supremos” los decretos han tenido poco, ya que en la práctica han caído -uno tras otro- víctimas de la abrogación. No obstante los resultados prácticos, en la aplicación del gasolinazo, limpia de chutos, transporte seguro y diplomacia internacional, la teoría ha sido impecable.

Agréguenle a la lista de decretos de teoría suprema la imposición de sobriedad en municipios propensos a la exuberancia alcohólica. Autoproclamado “enemigo de las Verbenas”, el Presidente Morales considera contraproducente calificar la gestión de un alcalde en base a su capacidad de organizar una buena farra. El Ejecutivo hace bien en repudiar el uso de dinero del pueblo para adormecer al pueblo, un estupor que impide al Estado organizar un buen desfile cívico. La chicha y cerveza son cómplices de Hollywood y telenovelas en trastocar la mentalidad, una distracción inútil que impide “evaluar el presente” y “proyectar el futuro". En teoría, el papá Estado puede imponer moralidad sobre su rebaño, el mal llamado “soberano”.

Soberano, en teoría, es el municipio descentralizado. En la práctica, no muere tan fácil el centralismo autoritario. En temas tributarios, las autoridades autonómicas ven sus competencias abrogadas por un estado de contradicción normativa, que pone en claro un pragmatismo programático a la hora de articular el proyecto ideológico oficial. Al rodillo parlamentario ahora se suma el mazo moral del Ejecutivo, que pretende imponer un incremento en la productividad a través de la transformación de la conducta personal. En la práctica, son los incentivos económicos los que logran mayor compromiso con la productividad, vía las condiciones laborales creadas por mayores inversiones. No hay mejor incentivo para la virtud que el miedo a perder una oportunidad de desarrollo. Pero cuando la norma es el subempleo y dádivas políticas, no existe norma que obligue una ética laboral, por mucho que desfilen ordenadamente decretos supremos, que luego caen presas de la caprichosa abrogación.

La borrachera más grande es un gasto público desordenado. Si algo adormece al pueblo, son consignas que intentan sustituir el desarrollo personal por ideología sectorial. En teoría, las arcas del Estado gozan de la mayor bonanza de la historia. En la práctica, estamos cada vez más cerca de un chaqui generalizado, producto de un entorno económico cada vez más intoxicada por la regulación y bloqueos legales. Adictos al gasto público, el despilfarro colectivo debe ser subvencionado por el bolsillo del ciudadano que participa de la economía formal. Con el mazo fiscalizador se incentiva, en teoría, la virtud cívica de aportar -con un cocktail de impuestos- al Tesoro General. En la práctica, la exuberancia teórica enfría una economía cada vez más cerca a la resaca.

El pueblo bebe copiosamente de una transformación política histórica. El proceso de cambio, sin embargo, está pasando de celebración, a mamadera. El elixir del poder se nos subió a la cabeza, haciéndonos confundir decretos “virtuosos” por “desarrollo”. En la práctica, proyectar el futuro implica hacer gestión, no proselitismo moral. En teoría, la virtud empieza por casa.

Racionalidad Chatarra

La razón está devaluada. El cálculo frio, científico y analítico ha creado urbes mecanizadas, con vientres de metal, que engendran autómatas esclavos de la tecnología. El animal más racional se ha vuelto adicto al veneno que escupen máquinas torturadoras de la madre naturaleza. Sin el maldito petróleo no hay ni el plástico que necesita la “tarjeta madre” para navega por el nuevo mundo digital. “Abandonad los que aquí entráis toda esperanza”. Prisioneros de nuestros apetitos, pecamos de consumismo y falta de autocontrol. Habiendo fracasado la racionalidad individual, ha llegado la hora de imponer verticalmente la racionalidad colectiva.

Un mundo lleno de egoístas, que quieren cada vez más y más, es una receta para la destrucción del planeta. Si el individuo no puede controlarse a sí mismo, entonces es menester del Estado internar al enfermo en un centro de salud. Si el empresario no puede ser responsable con el servicio que ofrece, hay que expropiar su herramienta de trabajo. El Órgano Legislativo debe promulgar cuanta ley sea necesaria, con tal de asegurar que el individuo obedezca una racionalidad superior. Si es necesario, debemos incluso reforzar las tareas de control policial con el peso de la bota militar. En la nueva Bolivia, vamos a eliminar la irracionalidad mediante decretos iluminados que nos obliguen a salir de la pobreza.

El Decreto Supremo 0890 es una norma racional que - a fuerza de voluntad suprema -mágicamente renueva en siete años el parque vehicular de transporte público. Los más cínicos dicen que la norma es una “cortina de humo” para que olvidemos la nacionalización de autos chutos. Lo que la norma pretende es reemplazar la racionalidad individual con la racionalidad orgánica del Estado. El decreto obliga ser racionales a los egoístas chóferes, porque los vehículos modernos necesitan menos mantenimiento, consumen menos gasolina y ofrecen mayor seguridad. Los usuarios, acostumbrados a reliquias dignas de la Habana, harán su parte pagando más para moverse por las urbes de concreto. La razón detrás esta alza sucesiva (inflación) es conocida como “expectativa racional”.

Cuando el Gobierno decretó el gasolinazo, la expectativa racional fue que los precios se incrementen. Por mucho yugo estatal sobre el sector productivo, la profecía fue incontenible. Los agentes económicos (pueblo) anticiparon el alza y la profecía se cumplió. Los chóferes, sin embargo, no anticiparon se derogue la ley que hacía ilegales los autos chutos. Si existe un déficit en esta economía, es un déficit de credibilidad. Ya nadie cree en las decisiones de los padres de la patria. Sin credibilidad, las políticas diseñadas para imponer racionalidad pierden efectividad, debido a que el individuo adapta su expectativa racional antes que la política surta el efecto deseado. ¡Malditos egoístas!

Garrote y zanahorias: con la norma se obliga, con el incentivo se abre el apetito. Imponer únicamente la racionalidad colectiva enmarcada en la ley es invitar al individuo a rebelarse. Los chóferes (y borrachos) han recibido un ultimátum, cuando lo que necesitan también es incentivos. El millón de toneladas de metales retorcidos tienen un valor de reciclado. Pero el Gobierno ni ha pensado en qué hacer con el acero de los vejestorios. Como los chóferes ya no creen en los créditos prometidos, el paro nacional es preámbulo para un aumento de tarifas, única forma de financiar la nueva ley. El papá Estado piensa que ha de cambiar conductas y viejos colectivos a base de imponer leyes llenas de “sabiduría”, cuando en realidad intenta ejecutar una ingeniería social cuya lógica nace de una racionalidad chatarra.