Racionalidad Chatarra

La razón está devaluada. El cálculo frio, científico y analítico ha creado urbes mecanizadas, con vientres de metal, que engendran autómatas esclavos de la tecnología. El animal más racional se ha vuelto adicto al veneno que escupen máquinas torturadoras de la madre naturaleza. Sin el maldito petróleo no hay ni el plástico que necesita la “tarjeta madre” para navega por el nuevo mundo digital. “Abandonad los que aquí entráis toda esperanza”. Prisioneros de nuestros apetitos, pecamos de consumismo y falta de autocontrol. Habiendo fracasado la racionalidad individual, ha llegado la hora de imponer verticalmente la racionalidad colectiva.

Un mundo lleno de egoístas, que quieren cada vez más y más, es una receta para la destrucción del planeta. Si el individuo no puede controlarse a sí mismo, entonces es menester del Estado internar al enfermo en un centro de salud. Si el empresario no puede ser responsable con el servicio que ofrece, hay que expropiar su herramienta de trabajo. El Órgano Legislativo debe promulgar cuanta ley sea necesaria, con tal de asegurar que el individuo obedezca una racionalidad superior. Si es necesario, debemos incluso reforzar las tareas de control policial con el peso de la bota militar. En la nueva Bolivia, vamos a eliminar la irracionalidad mediante decretos iluminados que nos obliguen a salir de la pobreza.

El Decreto Supremo 0890 es una norma racional que - a fuerza de voluntad suprema -mágicamente renueva en siete años el parque vehicular de transporte público. Los más cínicos dicen que la norma es una “cortina de humo” para que olvidemos la nacionalización de autos chutos. Lo que la norma pretende es reemplazar la racionalidad individual con la racionalidad orgánica del Estado. El decreto obliga ser racionales a los egoístas chóferes, porque los vehículos modernos necesitan menos mantenimiento, consumen menos gasolina y ofrecen mayor seguridad. Los usuarios, acostumbrados a reliquias dignas de la Habana, harán su parte pagando más para moverse por las urbes de concreto. La razón detrás esta alza sucesiva (inflación) es conocida como “expectativa racional”.

Cuando el Gobierno decretó el gasolinazo, la expectativa racional fue que los precios se incrementen. Por mucho yugo estatal sobre el sector productivo, la profecía fue incontenible. Los agentes económicos (pueblo) anticiparon el alza y la profecía se cumplió. Los chóferes, sin embargo, no anticiparon se derogue la ley que hacía ilegales los autos chutos. Si existe un déficit en esta economía, es un déficit de credibilidad. Ya nadie cree en las decisiones de los padres de la patria. Sin credibilidad, las políticas diseñadas para imponer racionalidad pierden efectividad, debido a que el individuo adapta su expectativa racional antes que la política surta el efecto deseado. ¡Malditos egoístas!

Garrote y zanahorias: con la norma se obliga, con el incentivo se abre el apetito. Imponer únicamente la racionalidad colectiva enmarcada en la ley es invitar al individuo a rebelarse. Los chóferes (y borrachos) han recibido un ultimátum, cuando lo que necesitan también es incentivos. El millón de toneladas de metales retorcidos tienen un valor de reciclado. Pero el Gobierno ni ha pensado en qué hacer con el acero de los vejestorios. Como los chóferes ya no creen en los créditos prometidos, el paro nacional es preámbulo para un aumento de tarifas, única forma de financiar la nueva ley. El papá Estado piensa que ha de cambiar conductas y viejos colectivos a base de imponer leyes llenas de “sabiduría”, cuando en realidad intenta ejecutar una ingeniería social cuya lógica nace de una racionalidad chatarra.

Por Buena Voluntad o por Decreto

Publicado en La Prensa, 1 de febrero de 2006

No sé si me atrevo a suponer que - al igual que mi cuerpo tiene la última palabra cuando de las excelentes y bien intencionadas resoluciones de mi noble mente se tratan - serán los imperativos inmediatos de quienes asumen la administración del Estado los que en última instancia dictaminarán el éxito de la implementación de las medidas de austeridad. Porque si de voluntad se trata, yo ya juré el pasado primero de enero que el 2006, al llegar a casa, levantaré primero un libro antes que el control remoto de la televisión. Pero la piel es legendariamente débil, y la voluntad no siempre se traduce en acción.

Sería una descortesía con el Creador, sin embargo, atribuir a nuestra naturaleza humana la fragilidad de nuestros magnánimos cometidos, o impugnar con desdén el Supremo dictamen de “sobrevivir”. Los instintos, después de todo, juegan un papel importante en la lucha cotidiana. Pero no es lo mismo satisfacer la necesidad social del “otro” prendiendo la televisión, que justificar con un sofismo elaborado (cómo lo hicieron algunos gobiernos anteriores) robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Son dos tipos diferentes de “supervivencia”, y me recuerda la pugna ideológica que existe entre el capitalismo y el socialismo sobre la concepción de nuestra naturaleza humana: para unos esencialmente egoísta, para otros fundamentalmente solidaria. Entonces, tampoco es lo mismo suponer que, “por altruismo” y deber patriótico, los servidores públicos han de aceptar que le metan la mano al bolsillo, que asumir que los incentivos y sanciones son los que - a la hora de los hechos - determinan la excelencia y la honestidad.

Cuando los sueldos en el sector público apenas alcanzan, el funcionario se encuentra en la encrucijada de satisfacer “como puede” las necesidades de la familia, o servir abnegadamente y con gran vocación al conjunto de individuos que conforman la nación. No se trata de izquierda vs. derecha (a menos que se refieran a los hemisferios del cerebro), sino de instinto vs. conciencia, de incentivos vs. una abstracta noción de “el deber”. A mi entender, el predicamento de los instintos se resuelve en el ámbito social, donde las leyes y cultura encaminan el bien común. La conciencia es tal vez un resultado directo, pero atañe al individuo, y en esa esfera prima la libertad, derecho indiscutiblemente humano.

A mí me pone nervioso cuando los políticos suponen que pueden implementar una gran ingeniería social – por muy bien intencionada que sea – y lograr imponer por decreto sus resoluciones navideñas. Todos estamos hartos de la corrupción, y yo también estaré tentado a aplaudir cuando – ante el primer funcionario atrapado con las manos en la masa - se adopten medidas draconianas dignas de un sultán. Pero no creo que solo se deba tratar de actos simbólicos que derivarán necesariamente en “crimen y castigo”, sino de elevar el nivel de vida de los bolivianos, indudablemente avanzando leyes anti-corrupción, pero también al lograr eficiencia en la administración pública, incentivando la productividad y las inversiones, y garantizando la seguridad jurídica y la libertad. Insisto, sin embargo, que no me atrevo a suponer que con la política de austeridad (en cuanto a sueldos se refiere) se estaría incentivando la corrupción e ineficiencia, sobre todo porque yo también quiero creer que hemos súbita y mágicamente cambiado. Después de todo si algo hemos de tener en este país será la gran voluntad de servicio a la cabeza y la esperanza que los nuevos líderes – el cuerpo de la administración - respondan a la conciencia colectiva, y no así al imperativo de la supervivencia individual.